En Colombia, los Acuerdos de Paz no solamente estaban destinados a marcar el fin de los enfrentamientos entre las FARC y el Gobierno, sino que también pretendían responder a las necesidades y demandas de una población que durante años había sufrido las consecuencias de un conflicto armado que se prolongó durante más de medio siglo.

Cuatro años después de iniciar el camino hacia la “paz duradera”, la realidad que se vive en muchos de los lugares que las personas integrantes de la Brigada de Solidaridad visitamos durante nuestro viaje, dista de ser ideal. Tal y como pudimos constatar a lo largo del recorrido, en la “nueva Colombia”, la violencia, el narcotráfico y la lucha por los derechos e igualdades sigue marcando el día a día de sus gentes.

Gracias al acompañamiento del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB), conocimos a Alba. Aunque es originaria de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, se había visto forzada a trasladarse en diversas ocasiones: “La última vez fue en 2011; me mudé con toda mi familia al departamento de Antioquia, pero mi lugar está aquí, en Vista Hermosa… Así que pocos años después me regresé, sola.”

En Vista Hermosa también nos encontramos con Luís Guillermo, Gloria y Víctor quienes, a causa del conflicto y la violencia generada por los distintos grupos armados, habían sido obligados al igual que Alba a abandonar sus residencias y rehacer sus vidas en otros pueblos, o en algunos casos, departamentos.

Sus experiencias en base al desplazamiento forzado no suponen nada extraordinario dentro del contexto colombiano. Un informe elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) junto con otras organizaciones no gubernamentales del país, cifró que desde 1985 hasta 2018, entre 7 y 8 millones de personas fueron forzadas a desplazarse dentro de las fronteras colombianas a causa de la inestabilidad provocada por el conflicto. Este dato posiciona a Colombia en el segundo lugar dentro del ranking de países con mayor número de desplazados internos, después de Siria y precediendo a la República Democrática del Congo, ambos con conflictos internos de larga duración.

La gran mayoría de personas con las que conversamos provienen de zonas rurales. Campesinas y campesinos que se vieron forzados a migrar hacia ciudades más grandes o capitales de departamentos.

Es el caso de Rosa María, quien a temprana edad se escapó de la violencia vivida en su pueblo natal, Génova (Quindío), y marchó hacia Villavicencio (Meta), donde más adelante y gracias al Colectivo OFB, pudo retomar sus estudios.

A medida que nos adentrábamos en las regiones del Meta y Guaviare, pudimos comprobar in situ la dejadez del Gobierno, que en muchas de las zonas solo había operado a partir del uso de la fuerza. Sin acceso a los servicios esenciales ni a medios para adquirirlos, la población se ve obligada a buscarlos por sí misma, lo que muchas veces implica migrar y dejar toda una vida atrás, con los peligros que ello suele comportar para estas personas y su entorno familiar.

Hoy, a poco más de un año para que se cumpla el quinto aniversario de la firma de los acuerdos en La Habana, quienes más sufrieron el conflicto, siguen esperando. Porque para muchos de ellos, la guerra todavía no acabó…

 

Article de Clara Morer Andrades (Brigada Colòmbia 2019)

 

 

* todos los nombres en este artículo han sido alterados a petición de las personas entrevistadas